Penas de 12 años para policías que actuaron en el 30-S

Los 33 policías procesados por la sublevación policial del 30 de septiembre, así como tres civiles, se enfrentan a penas de cuatro a 12 años de cárcel, dependiendo de su responsabilidad en los hechos, informó la Fiscalía.

Hasta ahora se han presentado cargos contra 32 agentes por rebelión e intento de magnicidio, y contra otro por bloquear el acceso a la Asamblea Nacional el día de la sublevación, según informó la Fiscalía.

Los agentes sublevados tomaron instalaciones de instituciones públicas, incluido el aeropuerto de Quito, y retuvieron al presidente Rafael Correa, que acudió al lugar donde estaban congregados, en el Hospital Policial de Quito por más de nueve horas el 30 de septiembre.

Aparte de estos procesos judiciales, la Policía Nacional ha abierto un expediente a 104 agentes, que se enfrentan a posibles sanciones administrativas.

 Civiles
Los civiles procesados son el ex coronel Fidel Araújo, miembro del Partido Sociedad Patriótica y cercano al líder de este partido, Lucio Gutiérrez, el abogado Pablo Guerrero y la legisladora suplente del PSP Alejandra Cevallos.

Araújo, que está en prisión preventiva, es señalado como el instigador del alzamiento, que según Correa fue un intento de golpe de Estado.

Guerrero y Cevallos entraron presuntamente con un grupo de manifestantes de forma violenta en la sede de la cadena estatal Ecuador Televisión, por lo que están siendo investigados por un delito de allanamiento de las instalaciones públicas. Cevallos reclamaba que se le realizara una entrevista en directo, algo que sucedió.

Los procesados podrían enfrentar a penas de entre cuatro y 12 años de cárcel, dependiendo de su responsabilidad en los hechos.

 Oposición
Por su parte los asambleístas de oposición denunciaron ante un tribunal la medida del Gobierno de obligar a los canales privados a emitir la programación de una estación de televisión pública durante el alzamiento.

Andrés Páez, indicó que la acción fue “inconstitucional” porque no se respetó el derecho de los ciudadanos de “informarse en la cadena que quisieran” durante la sublevación.

Páez testificó ante el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Quito junto con los asambleístas César Montúfar, Leonardo Viteri, Fausto Cobo y Fernando Aguirre.

Ellos habían interpuesto una acción de protección a los derechos contra el presidente Rafael Correa, así como contra Vinicio y Fernando Alvarado, los secretarios de Administración y de Comunicación, respectivamente.

 Inconstitucional
Páez declaró que la medida del Gobierno fue “inconstitucional e ilegal” por lo que espera que hechos como estos “no se vuelvan a repetir en el futuro, aunque no puede asegurarlo”.
 Quito, EFE. 
Referencia: http://www.eltiempo.com.ec
 

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